En un comienzo había ocho detenidos. Uno de ellos, Eugenio Limachi Mamani, tenía señales en la palma de la mano derecha de haber disparado un arma de fuego en la revuelta en la que Encinas resultó herido antes de morir camino a la clínica en la que iba a ser atendido, según las pericias policiales. Lo condenaron a seis años y dos meses de prisión, pero no cumplió con la pena.

Tanto él como otros tres involucrados pagaron una fianza de 7000 bolivianos (poco menos de 900 dólares) cada uno y, como dice Betty Falcón, “nunca más se supo de ellos”. Los otros quedaron detenidos, pero Limache Mamani, “el principal”, según ella, “no aparece”.

Encinas, su marido, fue asesinado “a quemarropa” durante un enfrentamiento entre grupos rivales en Catavi, provincia de Los Andes, a unos 50 kilómetros de La Paz. Llevaba una cámara y un grabador, así como un chaleco con el cual, dice Betty Falcón, era fácil identificarlo como periodista.

En la trifulca no hubo fuego cruzado, sino nueve disparos. Uno de ellos hirió en el brazo a Juan Mario Ticona Limachi, vecino de Catavi; otro hirió en la región epigástrica, debajo del abdomen, a Encinas, de 39 años. Las cápsulas servidas eran calibre 9 milímetros. El juez, por requerimiento del fiscal, ordenó la detención inmediata de ocho personas, luego liberadas bajo fianza, y dispuso posteriormente ocho nuevas capturas; entre ellas, la de Limache Mamani.

Betty Falcón es socia de la Cooperativa Multiactiva Catavi Limitada, actividad, que, dice, no “me da ingresos”, razón por la cual trabaja en forma provisional en un hospital materno infantil. En ocasiones no cobra su salario durante dos o tres meses.

Cámara destrozada

En Catavi, pueblo humilde de poco más de 200 habitantes, la explotación de la piedra caliza derivó en el enfrentamiento en el cual murió Encinas. Un año antes, el 5 de julio de 2000, su cámara había sido destrozada a pedradas mientras intentaba captar imágenes para el informativo Enlace, del Canal 21, de La Paz.

Tras el enfrentamiento por el cual murió, el juez de instrucción en lo penal Alfredo Jaimes, de la Corte Suprema de El Alto, dictó, por requerimiento del fiscal Waldo López Paiva, la captura de ocho personas, liberadas bajo fianza. Posteriormente quedaron detenidos Eugenio Limachi Mamani, Edgar Mamani Limachi, Julio Limachi Mamani, Félix Loza Mamani, Teodoro Limachi Mamani, Juan Laruta Quispe, Agustín Mata Condori y Juan Francisco Limachi Quispe.

En el ínterin, Betty Falcón advirtió que cambiaron el juez y el fiscal mientras los detenidos iban recuperando la libertad gracias al pago de sus respectivas fianzas. Lo curioso, no obstante ello, ha sido el caso de Limachi Mamani, condenado a seis años y dos años de prisión, pero, poco antes, liberado bajo fianza.

El proceso coincidió con cambios abruptos del gobierno boliviano en medio de fuertes presiones y tensiones: el final del período del presidente Jorge Quiroga (sucesor del finado Hugo Bánzer), la asunción del malogrado Gonzalo Sánchez de Lozada, la crisis del gas (con sus cortes de ruta y sus protestas multitudinarias frecuentes) y, después de ella, la asunción precipitada de Carlos Mesa y los debates por la ley de hidrocarburos y por las autonomías regionales.

En un limbo político, o en el cráter de un volcán, la justicia boliviana no demostró premura alguna en resolver el asesinato de Encinas, situación que lamenta, en especial, Betty Falcón, madre de tres hijos que volvió a vivir con sus padres, en La Paz. No está condiciones de alquiler de una vivienda, dice.
Fueron 46 meses, o 1400 días, en los cuales bajó la cuesta, como en Catavi, pedregoso el paisaje, horizontal la desolación, vertical la resignación, frente a un caso que, como tantos en América latina, ha quedado a merced de los avatares políticos y sociales, lindantes, a veces, con una injusticia raya en la impunidad.