En un nuevo de intento de evitar que la impunidad sea el único correlato posible del homicidio de Juan Carlos Encinas, ocurrido el 29 de julio de 2001 mientras cubría un enfrentamiento entre cooperativistas rivales, el abogado Daniel Barrientos Ibáñez instó al juez Carlos Emilio Andrade Rengel, en representación de la viuda, Betza Falcón, a librar “mandamientos de condena” contra los principales imputados, Eugenio Limachi Mamani, Víctor Mamani Limachi, Juan Francisco Limachi Quispe y otros, “por el delito de homicidio en riña o a consecuencia de agresión”.

Reporteros sin Fronteras (RSF) expresó su sorpresa por las conclusiones del Fiscal Especial para la Atención de Delitos Contra Periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, formuladas públicamente el 16 de diciembre de 2008 respecto al asesinato de dos jóvenes periodistas de la comunidad indígena Trique, ocurrido el 7 de abril de 2008 en el estado de Oaxaca en México. RSF consideró que las manifestaciones del fiscal especial ponen de relieve la voluntad de minimizar los riesgos reales que afrontan los periodistas mexicanos en el ejercicio de su trabajo.

La investigación sobre el linchamiento de un periodista en Bolivia; el asesinato de un director de un diario en Michoacán, México, por parte del narcotráfico que derivó en fuerte autocensura y los esfuerzos del sistema judicial de Brasil por acabar la impunidad de los crímenes contra la prensa, son aspectos que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recoge en tres nuevas investigaciones ofrecidas en su página http://www.impunidad.com, como parte de su proyecto para combatir la violencia contra la libertad de expresión.

En muchos países latinoamericanos, los periodistas ejercen su profesión bajo riesgo permanente, exponiendo su vida ante continuas amenazas por parte del crimen organizado y ante otras acciones derivadas de diversos grupos sociales y económicos, interesados en acallarlos.

La SIP destacó el esfuerzo de las autoridades de México para señalar al presunto autor material del crimen de Alejandro Fonseca Estrada, periodista de radio ultimado en septiembre pasado; al tiempo que reiteró su reclamo por la resolución de otros asesinatos y desapariciones impunes en ese país.

A pesar de las dos cadenas perpetuas, dictadas el 12 de diciembre de 2007 por el Tribunal criminal de Petit-Goâve, para los implicados en la muerte de Brignol Lindor, Reporteros sin Fronteras (RSF) recordó que sigue sin hacerse justicia total. Siete años después del asesinato del periodista de la emisora Radio Echo 2000, otras siete personas acusadas, condenadas en rebeldía el 23 de enero de 2008, continúan prófugas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a la SIP que examinará el caso del asesinato en 1995 del periodista brasileño Reinaldo Coutinho da Silva, sometido ante ese organismo a fines de noviembre pasado. Este es el primer paso en la CIDH para determinar si procede iniciar el trámite de la denuncia. Si se cumplen los requisitos necesarios, la CIDH da seguimiento al caso a través del intercambio de información entre el Estado involucrado y la instancia o sujeto que la presenta.

Ante los múltiples y constantes ataques a periodistas, que en los pasados ocho años han dejado 29 asesinatos –13 en 2008–, ocho desapariciones y 170 agresiones de distinta índole, fue lanzada el 2 de diciembre la campaña permanente de protección a periodistas en México “Te hace daño no saber. Si no están… quién nos informa”.

Representantes de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados de México, presentaron el 26 de noviembre ante el pleno del Congreso Nacional, una iniciativa legal que pretende “federalizar” los crímenes contra periodistas, una propuesta que la SIP viene haciendo desde hace más de una década en ese país.

Treinta y un periodista becados por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, tienen esta semana la expectativa de aprender herramientas para “minimizar” los riesgos a los que se exponen en su trabajo diario, con su participación en un seminario que se realiza en Campo de Mayo, Buenos Aires.

Durante años la policía ha tenido sospechosos del tiroteo que en 1998 causara la muerte del periodista Tara Singh Hayer. Se presume además que saben quién financió la operación, pero ningún cargo ha sido presentado debido a "problemas con el sistema judicial en Canada", aseguró al periódico Vancouver Sun el legislador Dave Hayer, hijo del periodista.