Washington D.C. (16 de julio de 2010) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) subrayó hoy desde esta ciudad que la violencia contra los periodistas es uno de los mayores retos que deben asumir los gobiernos y los organismos intergubernamentales si quieren garantizar el sistema de vida democrático en las Américas.

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Sala Cuarta del Ramo Penal instruir al Tribunal de Sentencia Penal de Guastatoya, El Progreso, para que se realice un nuevo juicio contra los presuntos asesinos del periodista Miguel Ángel Morales Quiñónez. El nuevo proceso empezará hoy, informó la esposa de la víctima, Aidé Herlinda De León Cadenas.

La SIP condenó enérgicamente y lamentó otros dos asesinatos contra periodistas en México, ocurridos este fin de semana en los estados de Nuevo León y Chihuahua, ascendiendo a nueve la cantidad de comunicadores que han perdido la vida en ese país durante este año.

La SIP alertó desde febrero de 2006, cuando se creó la primera Fiscalía en la PGR, que tenía como misión investigar los ataques contra periodistas, que era un órgano con capacidad limitada y denunció desde entonces su falta de resultados.

La SIP expresó su beneplácito por la esperada decisión del gobierno de México de crear una nueva Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su satisfacción por la decisión de la Fiscalía General de la Nación de Colombia de considerar crimen de lesa humanidad el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza ocurrido en 1986, exhortando a las autoridades a adoptar la misma disposición en crímenes perpetrados contra otros periodistas que permanecen impunes.

Manuel Burgueño Orduño era periodista y lo mataron. En su casa, frente a su familia le dispararon. Así lo ordenó un comandante de la policía en Sinaloa que trabajaba para un cártel de las drogas, porque escribió sobre corrupción, delató la impunidad y los negocios sucios entre el narcotráfico y la política. Lo acallaron.

Veintitrés años y siete meses después de que el enmohecido expediente por el magnicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza, transitara los cenagosos caminos de la impunidad, la Fiscalía declaró el crimen como un delito de lesa humanidad; con base en denuncias periodísticas de este diario y otros medios sobre múltiples cabos sueltos en el proceso, insuficientemente investigados, la justicia busca identificar, de una buena vez a los autores intelectuales que silenciaron las solitarias denuncias que le lanzó, desde su Libreta de Apuntes, a la mafia.

Hacia 1996 medio centenar de personas fueron vinculadas al proceso, incluido Pablo Escobar. Pero el cartel de Medellín asesinó, uno a uno, a testigos, magistrados, jueces relacionados con el caso y al abogado de la familia, Héctor Giraldo Gálvez, y después de interminables trasteos del expediente, los homicidios a la sombra seguían pasando de agache. Apenas en 1997 el empresario Luis Carlos MolinaYepes fue capturado y es el único condenado hasta hoy, pero como cambista de la mafia, su telaraña comercial jamás fue rastreada y muchos nombres con los que cruzó negocios cobran relevancia.

El lunes 5 de julio a las nueve de la noche el periodista Hugo Alfredo Olivera Cartas recibió una llamada a su celular, colgó y comentó en la redacción del periódico El Día de Michoacán que saldría porque una de sus fuentes le daría información. Poco más de cinco horas después fue encontrado muerto.

La SIP condenó el asesinato en Michoacán, México, de Hugo Alfredo Olivera Cartas, y exhortó al gobierno de ese país a tomar medidas inmediatas para garantizar la libertad de prensa y la pronta resolución de este crimen.

El procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual tendrá la facultad de atraer el caso de delitos en contra de periodistas.

Integrantes de la delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) se manifestaron ayer por las principales calles de Chilpancingo para demandar el total esclarecimiento de nueve asesinatos de periodistas que se han registrado durante lo que va de la presente administración gubernamental.