La SIP reclamó a las autoridades de México “medidas enérgicas y acciones específicas para combatir la violencia contra periodistas y proteger el derecho a la libertad de expresión”, al denunciar el tercer caso de asesinato de un periodista en ese país en lo que va del año.

Los periodistas en Los Mochis se sienten en un grave riesgo. La amenaza colocada a un lado de un automóvil que incendiaron desconocidos está lejos de ser una broma, es una advertencia real en esa ciudad al norte del estado de Sinaloa.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado mexicano a impulsar de manera decidida las investigaciones existentes sobre los crímenes contra comunicadores en ese país, tras condenar el asesinato del periodista José Luis Romero, cuyo cadáver fue encontrado 17 días después de su desaparición, el 16 de enero último.

No lo sabemos con precisión, pero no fue el 25 de enero de 1997 cuando unos asesinos a sueldo lo incineraron en una cava cercana a Pinamar. Creemos que lo empezaron a matar mucho antes. Quizás en el momento en que los grandes medios tomaron la decisión de no investigar la corrupción política del menemismo, el enriquecimiento de los jefes sindicales, la maldita policía o a la mafia yabranista enquistada en el poder. Con el silencio cómplice, dejaron en soledad a todos los Cabezas que sí ejercían de verdad el periodismo. El crimen fue contra José Luis, pero pudo haber sido contra cualquier otro miembro de la redacción de NOTICIAS o contra los periodistas independientes que cumplían con su razón de ser.

El actual consejero de Estado, Marco Antonio Velilla, uno de los candidatos de la terna que estudia la Corte Suprema de Justicia para elegir al nuevo fiscal general de Colombia, dijo en la audiencia con el alto tribunal el 21 de enero, que “ante una serie de absoluciones e investigaciones quietas en procesos por crímenes contra periodistas en Colombia, hay que hacer un inventario para determinar cuál debe ser la ingeniería para avanzar en esos trámites”.

Miami (18 de janeiro de 2010) - A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) expressa sua satisfação diante do governo do Estado da Bahia, no Brasil, que aprovou uma indenização econômica para os familiares do jornalista Manoel Leal de Oliveira, diretor e fundador do jornal A Região assassinado em 1998, acatando recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

El gobierno mexicano desatiende su responsabilidad en investigar y buscar justicia en casos de periodistas asesinados, una actitud que incentiva a los violentos a continuar su ola delictiva contra la prensa; lo que convierte a México en el país más violento para ejercer el periodismo en las Américas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, expresó el viernes 15 de enero que buscará que en México se adopte el modelo colombiano de protección a activistas y comunicadores, dos de los sectores más golpeados por la violencia en el país.

Bahia – Dois dias antes de completar 12 anos do assassinato do jornalista Manoel Leal de Oliveira, ocorrido em 14 de janeiro de 1998, o governador Jaques Wagner sancionou o projeto de lei que prevê a indenização a familiares do jornalista, cumprindo assim o acordo amistoso feito com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). A Lei nº 11.637, de 12 de janeiro de 2010, autoriza o Poder Executivo a pagar o montante de R$ 100 mil, a ser dividido em cotas iguais entre os filhos e a viúva de Oliveira, em parcela única, em 7 de abril de 2010, Dia do Jornalismo. A indenização é um reconhecimento da responsabilidade do Estado por não ter garantido a liberdade de imprensa e de expressão. A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 13, e entrou em vigor no mesmo dia.

Valentín Valdés Espinosa tenía 29 años. Se distinguía por su “profesionalismo, su dedicación, la pasión y entrega al periodismo”. El jueves 7 de enero lo secuestraron, lo torturaron y después de la media noche lo mataron. La Fiscalía General tiene elementos para suponer que los autores materiales e intelectuales pertenecen al crimen organizado.

A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia aprovou em sessão ordinária, em 29 de dezembro de 2009, o Projeto de Lei nº 18.468/2009, de autoria do Governo do Estado, que prevê o pagamento de indenização aos familiares do jornalista Manoel Leal de Oliveira, assassinado em 14 de janeiro de 1998 em Itabuna, Bahia.

A SIP reiterou junto ao governo da Bahia o pedido para que seja reaberta a investigação sobre o assassinato de Manoel Leal de Oliveira, morto em 1998, e para que se acelere o processo de indenização para sua família, segundo um acordo entre esta organização e o governo do Brasil que foi mediado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).