Desde hace un año un rumor recorre como pólvora las calles del pueblo: “Están de nuevo buscando a los asesinos del periodista”. Exactamente, desde el 20 de octubre de 2005, cuando el diario El Tiempo publicó la noticia de que la SIP y el Estado colombiano habían sostenido en Washington una reunión de trabajo en la que se consideraba un acuerdo amistoso a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el asesinato del periodista Nelson Carvajal.

Cinco días después de conocerse la noticia se inició un proceso sistemático de intimidación contra la familia de Carvajal. El 25 de octubre a las 6:30 de la tarde, un hombre a bordo de una moto siguió a Gloria Carvajal, uno de los siete hermanos del periodista, hasta la puerta de su casa y le dijo: “Sigan jodiendo y verán como terminan”, a la vez que le señalaba la página del periódico El Tiempo con la noticia.

Nuevamente, en diciembre de 2005, una semana después de la primera reunión que sostuvo la SIP con representantes del Gobierno colombiano en Bogotá, la viuda del periodista, Estela Bolaños, denunció que sus hijas, las gemelas de 12 años, venían siendo víctimas de persecución por parte de extraños.

El 24 de abril de 2006, 15 días después de una segunda reunión del Gobierno colombiano y la SIP para evaluar los avances del nuevo proceso investigativo, y a pesar del carácter confidencial de la misma, Gloria Carvajal recibió un volante, arrojado por debajo de la puerta de su residencia, en el que aparecían una calavera y varias tumbas con una anotación que decía: “Sigan investigando y así terminarán”. En los dibujos de las tumbas estaban los nombres de las gemelas, Gloria y Ruth, y otra de las hermanas de Nelson Carvajal.

Las amenazas, que se iniciaron en octubre de 2005, continuaron hasta el pasado 11 de julio cuando Gloria Carvajal recibió una llamada en su celular en la que un hombre le preguntó: “¿No entendió el mensaje? Y le advirtió: “La próxima muñeca es usted”.

Un mes después, Gloria Carvajal, junto a la viuda Estela Bolaños y a las dos gemelas, abandonaron el país.

¿Quiénes están interesados en amedrentar a la familia y dificultar el nuevo proceso de recolección de pruebas?

“Yo creo que hay mucha gente que se siente perseguida y que no ha entendido que se tiene que hacer justicia. No es cuestión de perseguir a nadie, pues la sociedad y nosotros, la familia tenemos derecho a la verdad”, dijo Miriam Carvajal a la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en Colombia.

“Lo que pasa es que la Fiscalía llegó al pueblo a buscar testigos para que declararan en el caso. Y todo el mundo se enteró. Así es obvio, que los que tengan algo decir no lo harán y nuevamente serán silenciados”, dijo un periodista de la zona.

El jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Leonardo Cabana, advirtió que todas las amenazas a la familia están siendo investigadas dentro del proceso, incluso para determinar si están efectivamente relacionadas con el crimen de Carvajal. “Estamos comprometidos con este caso, las amenazas obviamente buscan asustar a quienes pueden decir algo dentro de la investigación”, dijo Cabana.

Periodista frontal y controvertido
En Pitalito, el 16 de abril de 1998 un sicario le disparó siete tiros mortales al periodista y educador Nelson Carvajal Carvajal. Tenía 37 años y estaba casado. Su primera esposa murió al dar a luz a su primera hija. Con su segunda esposa, Estela Bolaños Rodríguez, tuvo gemelas.

Nelson Carvajal fundó en Pitalito la escuela Los Pinos que hoy lleva su nombre. Era director del colegio al momento de su muerte. Se inició en el periodismo en 1986 cuando asumió la redacción del noticiero Momento Regional de la emisora Radio Sur, afiliada a RCN Radio. Al poco tiempo se convirtió en director de los programas el Mirador de la Semana, Amanecer en el Campo y Tribuna Médica. Hacía periodismo en defensa de los intereses comunitarios y reclamaba transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos. Varias de sus investigaciones fueron sobre la corrupción política en el municipio de Pitalito y el departamento del Huila.

Era un periodista frontal y controvertido. En ocasiones utilizó los micrófonos para señalar a sus opositores políticos o a los enemigos del dueño de la emisora Radio Sur, el médico y líder conservador fallecido Manuel Castro Tovar. Carvajal fue elegido concejal de Pitalito para los períodos 1992-1994 y 1995-1997 por el sector del político conservador Héctor Polania, también asesinado el 1 de mayo del 2001.

El mismo día del asesinato en la Escuela Los Pinos una de las cinco hermanas del periodista, que trabajaba con él en la escuela, lo notó nervioso. Incluso recuerda que al terminar la jornada, él se negó a llevarla a su casa. “Nelson sabía que lo iban a matar”, advirtió. Y así ocurrió a las 6:00 p.m. cuando un sicario le propinó siete balazos en momentos en que abandonaba la escuela en su moto.

Ese mismo día en horas de la mañana, el periodista le había comentado a un compañero del colegio que tenía unos documentos que eran toda una bomba noticiosa y que la emitiría al día siguiente en la emisora. “Más se demoró Nelson en terminar de hablar con su colega educador, cuando le llegaron al colegio unos hombres y lo amedrentaron, él salió asustado de la charla con esas personas y horas más tarde lo mataron”, dijo un periodista que ha investigado el crimen de Carvajal.

Esa versión fue confirmada por Judith Carvajal, otra hermana del comunicador, a la que una profesora de la Escuela Los Pinos, le dijo que Carvajal había estado conversando ese día con el profesor Jacob Gómez, quien habría llegado con dos hombres al colegio en su búsqueda.
Consultado por la SIP, Gómez dijo no recordar haber estado en el colegio ese día. La profesora Berta Cecilia Parra, comentó que mientras se llevaba a cabo un acto cultural en el colegio, “Nelson estuvo con algunas personas en la dirección del plantel pero no sé quiénes eran. Incluso yo en un momento dado vine hasta la dirección y estaban encerrados”.

La SIP conversó con varios profesores para confirmar la versión según la cual a Carvajal lo fueron a amenazar al colegio para quitarle unos documentos noticiosos, un par de horas antes de matarlo, pero ninguno quiso dar mayores detalles. Sin excepción, se expresaron nerviosos y preocupados por la entrevista.

Tráfico de armas
Fueron varias las hipótesis planteadas ante el asesinato de Carvajal, concurrentes con las denuncias periodísticas que había que había en las últimas semanas.

Un periodista del Diario del Huila dijo a la SIP que según una fuente de su confianza, en esos documentos estarían las pruebas según las cuales, se incriminaba a un personaje público de la comunidad, presuntamente vinculado en el tráfico de armas y drogas de la zona de Pitalito en el Huila, Putumayo y Ecuador en complicidad con algunos militares.

La zona de Pitalito es conocida como la Ruta del Sur para los traficantes de armas, debido a que las armas hacen el recorrido Puerto Asis-Santana-Mocoa-Pitalito-Neiva o Puerto Asís-Villa Garzón-Mocoa-Pitalito-Florencia para luego abastecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Nariño, Putumayo, Huila, Caquetá y Cauca así como a los frentes de los paramilitares que operan en el sur del país.

Una información del periódico El Tiempo registra que entre 1990 y 1998, las autoridades incautaron más de cuatro millones de proyectiles, 17 mil revólveres y 15 mil granadas. Según el diario El Universal de Guayaquil, Ecuador, entre enero de 1997 y agosto de 1998 hubo un particular incremento del uso de esa ruta, cuando fue capturado un cargamento de armas provenientes de la ex Unión Soviética, Asia y Centroamérica.

En junio del 2001, con la captura del cura anglicano, Walter Crespo, se destapó una red que a través de triangulaciones intentaba surtir a las FARC con armas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En esa operación cayeron el coronel (r) Carlos Vicente Tobar Alvarez y el coronel (r) Jorge Delfín Merino Narváez.

Aunque se desconoce el contenido de los documentos que Carvajal revelaría, el locutor Rafael Chaux, su compañero en la emisora Radio Sur, sostuvo que también le había comentado a él sobre una investigación que estaba haciendo, pero “no me dijo nada más para evitar que se filtrara la información”.

En la última emisión del noticiero Radio Sur, antes de su asesinato, Carvajal realizó una serie de denuncias sobre la construcción de unas viviendas llamadas Prado de las Acacias, de la compañía Bermúdez Llanos y Asociados de Fernando Bermúdez Ardila. Los compradores denunciaron a través de la emisora que las casas estaban siendo construidas en una zona de alto riesgo y con materiales no idóneos.

El locutor Rafael Chaux dijo que ese fue un tema candente. “Él redactaba las noticias, yo las leía y él hacía el comentario editorial”.

Carvajal también hizo otras denuncias desde la emisora. Semanas antes de su muerte había puesto en la picota pública las irregularidades cometidas en la negociación de parte del Municipio de Pitalito, en cabeza del alcalde Ramiro Falla Cuenca, sobre el predio El Topacio, adquirido para un parque ambiental, por un precio exagerado. El predio fue evaluado en 49 millones y comprado en 584 millones de pesos.

Ramiro Falla fue vinculado al proceso por el asesinato del periodista Carvajal con medida de aseguramiento de detención preventiva en la primera etapa de la investigación. Pero la Fiscalía precluyó la investigación en su favor por falta de pruebas.

Una tercera hipótesis señala que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron las autoras del asesinato, pero no son pocas las personas que la descartan. Judith Carvajal dijo que la propia guerrilla la contactó a ella, para aclararle que no tuvieron nada que ver con la muerte de su hermano.

El único antecedente de problemas de la emisora con las FARC se presentó en 1991, cuando la organización guerrillera voló las antenas de transmisión de Radio Sur, según Chaux, en represalia porque no emitieron uno de sus comunicados.

La hipótesis de que las FARC estarían detrás del asesinato de Carvajal, surgió por parte de los abogados defensores de Bermúdez en la etapa de juicio y se fundamentó en los testimonios de varias personas pertenecientes a organismos de seguridad del Estado. Uno de ellos, José Moreno Ramírez, investigador del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dijo que en “una ocasión trabajando en el Puesto de Pitalito, llegó un señor (Mario Rincón Contreras, informante del Ejército) diciendo que él tenía conocimiento de que las FARC habían matado al periodista y que esta información ya la había dado al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía.

El informante dijo que el autor intelectual del homicidio del periodista había sido el guerrillero Oswaldo Patiño, comandante del frente 13 de las FARC y que el autor material había sido el guerrillero Fabio Córdoba. Esta información fue suministrada un año después del asesinato. También generó dudas el hecho de que el funcionario del DAS que le recibió la información a Rincón, no hubiera dado aviso a las autoridades en su momento.

Una última hipótesis apunta a que Carvajal fue asesinado por miembros de una banda de delincuentes en represalia por la muerte de su líder, alías Gallina. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio del Porvenir, donde se organizó una especie de vigilancia por parte de la comunidad contra esa banda, dijo que la muerte de la Gallina pudo haberse producido por las denuncias que Carvajal realizaba contra él en la emisora.

La investigación y el proceso
No obstante, todas las hipótesis, la Fiscalía colombiana reunió pruebas sobre la segunda de ellas, la que señalaba a Bermúdez como presunto autor intelectual, por considerar que había visto afectados sus intereses por las denuncias que Carvajal estaba haciendo sobre irregularidades en la construcción de las viviendas de Prado de las Acacias. Para la Fiscalía, la versión de que las FARC estaría detrás del crimen no tenía fundamentos.

El primer fiscal en asumir el caso fue Vicente Ortiz en Pitalito. Según una abogada cercana a la familia, Ortiz cometió irregularidades como no proteger la identidad de los declarantes y realizar en forma incorrecta procedimientos como el reconocimiento en fila de personas.

A través de una comunicación a la Procuraduría y a la Fiscalía, la familia solicitó que el caso fuera trasladado a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Fue entonces cuando la fiscal Claudia Ortiz, de la Unidad de Terrorismo, asumió de lleno la investigación. Pero la fiscal Ortiz fue trasladada a la Unidad Nacional Antinarcóticos y de allí fue delegada ante la Dirección de Policía Judicial (DIJIN) y el proceso nuevamente cambió de fiscal. Esta vez le tocó al fiscal Carlos Hernando Estévez. Una de las hermanas del periodista dijo que este fiscal se negó a recibir el testimonio de algunos testigos que había conseguido la familia y se le notaba “mucho afán por proferir resolución”.

Por último, el 24 de agosto de 1999, el proceso fue asignado a la subunidad de crímenes contra periodistas de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, en donde el fiscal Alfonso Rangel continuó la investigación.

A partir de ese momento, más de 20 personas rindieron testimonio bajo la abolida figura de la reserva de identidad o testigos sin rostro. Muchas de las identidades fueron reveladas y los testigos amenazados, hasta que la investigación, que pasó por manos de cuatro diferentes fiscales, concluyó el 17 de enero del 2000 con una resolución de acusación en contra Fernando Bermúdez Ardila como instigador y Víctor Félix Trujillo Calderón y Alfonso Quintero Alvarado, alias Haroldo el Gordo, como presuntos autores materiales del delito de homicidio agravado.

El proceso investigativo, que se realizó en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General en Bogotá, pasó entonces, como lo exige la ley, al Juzgado Unico Especializado de Neiva, capital del Huila, el departamento donde ocurrieron los hechos y el 15 de diciembre del 2000, ese Juzgado, los absolvió.

Luego de 23 meses en prisión, por una medida de aseguramiento de detención preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación en su contra, Bermúdez recobró su libertad.

El 8 de abril del 2001, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva confirmó la sentencia emitida el 15 de diciembre del 2000 por el Juzgado Unico Penal del Circuito Especializado de Neiva “con la aclaración de que la absolución procede por plena demostración de la inocencia de quienes fueron acusados”. Esta decisión de segunda instancia, rechazaba la apelación que sobre el fallo había hecho la Fiscalía, el 5 de febrero del 2001.

El 22 de diciembre del 2000 Bermúdez le dijo al Diario del Huila que lo habían acusado de la muerte de Carvajal por persecución política de su opositor Fernando Manrique Álvarez (amigo de Carvajal) y que se retiraría de la política para siempre. Manrique abandonó Huila por amenazas contra su vida.

Bermúdez denunció por calumnia a todos aquellos que declararon dentro del proceso de Carvajal en su contra y demandó al Estado colombiano por los dos años que estuvo en prisión por 96 mil millones de pesos.

Bermúdez llegó a Pitalito hace 19 años como vendedor de cintas de casetes y calzado en la calle. Para 1998, era el presidente del Grupo Empresarial Bermúdez Llanos Asociados que se dedicaba a la construcción. Había sido concejal en tres períodos consecutivos de 1990 a 1998.

En la impunidad
El crimen de Carvajal está en la impunidad. El último recurso que permite la ley colombiana en estos casos es el recurso extraordinario de la casación. Y ya no procede porque debió utilizarse dentro de los 15 días siguientes a la última notificación de la sentencia de segunda instancia, que fue el 8 de abril del 2001.

Este recurso no fue interpuesto porque no hubo parte civil dentro del proceso. La familia del periodista no tenía dinero para pagar abogados y además consideró que si se constituía en parte civil, sería víctima de los asesinos de Carvajal.

Sobre la presunta responsabilidad de las FARC en el asesinato de Carvajal, la Fiscalía no ha realizado ninguna investigación bajo el argumento de que fue parte de la estrategia de la defensa de Bermúdez para confundir el proceso judicial.